Los cuadernos de la corrupción, el árbol y el bosque
Por Damián Vekelo
El escándalo desatado luego de la aparición de los cuadernos de la corrupción kirchnerista abrió una crisis política de dimensiones inusitadas, quizá la más grande desde la Década Infame. La avalancha de políticos y empresarios - representantes de los capitales más importantes del país - que están transitando los pasillos de Tribunales y la cárcel es también inédita, no solo por la cantidad sino por la envergadura de las empresas implicadas.
Hay en este escándalo elementos por todos conocidos, desde la tradición del soborno para acceder a los contratos de la obra pública hasta los funcionarios que “roban para la corona”, como años atrás confesara el entonces funcionario del gobierno de Menem Luis Manzano. Otro personaje de esta misma calaña, el ex presidente Eduardo Duhalde, ha declarado que los sobornos para acceder a contratos eran “Vox Populi.”
La crisis también golpea al Poder Judicial, ya que en doce años de gobierno kirchnerista los jueces y fiscales dejaron pasar el mayor entramado de corrupción de la historia argentina, lo que constituye una casualidad poco creíble. El otro aspecto difícil de aceptar es la historia del chofer, que durante años recaudó montañas de pruebas y datos en forma sistemática: ¿Estamos ante alguien con una compulsión patológica por la recaudación de datos o hay algo más detrás del chofer y ex militar?
“¿Quién es Centeno? ¿Un memorioso obsesivo? Juntaba tickets, sacaba fotos, registraba patentes de los autos, se acordaba de hasta el color del bolso en el que circulaba la plata. Da la impresión de ser un enorme trabajo de inteligencia que está corriendo el velo de doce años de corrupción. Qué parecido al Lava Jato, qué parecido a lo que está pasando en Guatemala, qué parecido a lo que pasó en Perú y le costó la vida al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski”[1]
Es difícil pensar entonces que todo se reduzca a una simple cuestión de corruptos, más allá de que estos existan debido a la enorme caja que manejan cada vez que se hacen cargo del manejo del estado. Pero también es probable que esta olla destapada sea una réplica, directa o indirecta, de la guerra comercial que estalló hace unos meses, expresando la agudización de las contradicciones ente los distintos bloques imperialistas.
Algunos datos que apuntarían en ese sentido tienen que ver con que ciertas empresas implicadas en el escándalo fueron afectadas por las medidas proteccionistas que Trump comenzó a implementar desde marzo, como aquellas que trabajan en las ramas del acero o el aluminio- gravadas con el 25 y 10% respectivamente - “afecta directamente a dos empresas muy poderosas en cada uno de esos sectores: a Tenaris (grupo Techint) en el acero y a Aluar, en el caso del aluminio. El año pasado, ingresaron desde la Argentina 200.000 toneladas de tubos sin costura, que constituyen el principal producto que las acerías locales envían hacia Estados Unidos”[2].
La mega causa ha llevado a la cárcel a funcionarios y empresarios de BTU SA; Electromecánica; Pescarmona; Grupo Romero y Enarsa. Para ejemplificar, el grupo Pescarmona - Impsa - que tiene plantas en Mendoza, Brasil y Malasia y fue una de las primeras multinacionales argentinas, desde fines de los 90 desembarcó en Asia, continente al que atendió desde Kuala Lumpur, capital de Malasia. En este país del sudeste asiático fue líder y llegó a facturar US$600 millones anuales, con contratos en Malasia, China, Taiwán y Filipinas.
Pescarmona y las compañías citadas - vinculadas a trabajos de infraestructura y obra pública - hacen negocios ahora en condiciones mucho más complicadas que antes, ya que el imperialismo salió a defender con mucha agresividad su lugar en la economía mundial, para lo cual está liquidando competidores. ¡Tal es el carácter de la guerra comercial que Trump comenzó a librar contra la Unión Europea y todo aquellos que se le ponga adelante!
En semejante marco, la crisis económica nacional no ha hecho otra cosa que pegar un salto de calidad: “los US$ 50.000 millones del FMI no alcanzan para hacer frente a los compromisos, el programa fiscal del Gobierno no convence a los inversores, el déficit de cuenta corriente persiste, la recesión será más profunda que la proyectada y la investigación por la corrupción en la obra pública durante el Gobierno anterior salpica a actores protagónicos del stablishment nacional[3]”
El “Gloriagate” golpea los cimientos mismos del capitalismo argentino, dividiendo a la clase capitalista y, por lo tanto, brindándole una oportunidad histórica a la clase trabajadora para que desarrolle acciones políticas independientes y revolucionarias. Los de “arriba” están cada vez más en crisis y los de “abajo” cada vez más deseosos de pelear en serio contra un gobierno que incentiva la radicalización de la resistencia profundizando las políticas de ajuste, saqueo y represión.
Desde la izquierda revolucionaria debemos tomar nota de esta situación, de manera de plantarnos en la escena política nacional como una alternativa, levantando un programa que dé respuesta a las demandas insatisfechas de las mayorías, con medidas concretas y efectivas, como el No Pago de la Deuda Externa, la Nacionalización sin pago y bajo control obrero de las grandes empresas monopólicas y los bancos, un Plan de Obras y Servicios que brinde trabajo a los millones que están desocupados, etc.
Para avanzar en ese sentido será necesario incentivar la dinámica abierta el pasado 18 de diciembre de 2017, construyendo desde abajo el Argentinazo que hará falta para echarlos a todos e imponer estas medidas a través del único gobierno dispuesto a llevarlas adelante: el de los trabajadores y el pueblo, asentado en organismos democráticos de discusión, de ejecución y de justicia.
Desde esa ubicación, como revolucionarios y revolucionarias no podemos defender a los corruptos kirchneristas, sino proponer que ellos/as y sus pares de Cambiemos sean juzgados por Tribunales Populares que dictaminen condenas ejemplificadoras, no sólo por haber “metido la mano en la lata”, sino el crimen más importante de todos, que es el de actuar como cipayos, entregando el país a la voracidad de los monopolios imperialistas.
El escándalo desatado luego de la aparición de los cuadernos de la corrupción kirchnerista abrió una crisis política de dimensiones inusitadas, quizá la más grande desde la Década Infame. La avalancha de políticos y empresarios - representantes de los capitales más importantes del país - que están transitando los pasillos de Tribunales y la cárcel es también inédita, no solo por la cantidad sino por la envergadura de las empresas implicadas.
Hay en este escándalo elementos por todos conocidos, desde la tradición del soborno para acceder a los contratos de la obra pública hasta los funcionarios que “roban para la corona”, como años atrás confesara el entonces funcionario del gobierno de Menem Luis Manzano. Otro personaje de esta misma calaña, el ex presidente Eduardo Duhalde, ha declarado que los sobornos para acceder a contratos eran “Vox Populi.”
La crisis también golpea al Poder Judicial, ya que en doce años de gobierno kirchnerista los jueces y fiscales dejaron pasar el mayor entramado de corrupción de la historia argentina, lo que constituye una casualidad poco creíble. El otro aspecto difícil de aceptar es la historia del chofer, que durante años recaudó montañas de pruebas y datos en forma sistemática: ¿Estamos ante alguien con una compulsión patológica por la recaudación de datos o hay algo más detrás del chofer y ex militar?
“¿Quién es Centeno? ¿Un memorioso obsesivo? Juntaba tickets, sacaba fotos, registraba patentes de los autos, se acordaba de hasta el color del bolso en el que circulaba la plata. Da la impresión de ser un enorme trabajo de inteligencia que está corriendo el velo de doce años de corrupción. Qué parecido al Lava Jato, qué parecido a lo que está pasando en Guatemala, qué parecido a lo que pasó en Perú y le costó la vida al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski”[1]
Es difícil pensar entonces que todo se reduzca a una simple cuestión de corruptos, más allá de que estos existan debido a la enorme caja que manejan cada vez que se hacen cargo del manejo del estado. Pero también es probable que esta olla destapada sea una réplica, directa o indirecta, de la guerra comercial que estalló hace unos meses, expresando la agudización de las contradicciones ente los distintos bloques imperialistas.
Algunos datos que apuntarían en ese sentido tienen que ver con que ciertas empresas implicadas en el escándalo fueron afectadas por las medidas proteccionistas que Trump comenzó a implementar desde marzo, como aquellas que trabajan en las ramas del acero o el aluminio- gravadas con el 25 y 10% respectivamente - “afecta directamente a dos empresas muy poderosas en cada uno de esos sectores: a Tenaris (grupo Techint) en el acero y a Aluar, en el caso del aluminio. El año pasado, ingresaron desde la Argentina 200.000 toneladas de tubos sin costura, que constituyen el principal producto que las acerías locales envían hacia Estados Unidos”[2].
La mega causa ha llevado a la cárcel a funcionarios y empresarios de BTU SA; Electromecánica; Pescarmona; Grupo Romero y Enarsa. Para ejemplificar, el grupo Pescarmona - Impsa - que tiene plantas en Mendoza, Brasil y Malasia y fue una de las primeras multinacionales argentinas, desde fines de los 90 desembarcó en Asia, continente al que atendió desde Kuala Lumpur, capital de Malasia. En este país del sudeste asiático fue líder y llegó a facturar US$600 millones anuales, con contratos en Malasia, China, Taiwán y Filipinas.
Pescarmona y las compañías citadas - vinculadas a trabajos de infraestructura y obra pública - hacen negocios ahora en condiciones mucho más complicadas que antes, ya que el imperialismo salió a defender con mucha agresividad su lugar en la economía mundial, para lo cual está liquidando competidores. ¡Tal es el carácter de la guerra comercial que Trump comenzó a librar contra la Unión Europea y todo aquellos que se le ponga adelante!
En semejante marco, la crisis económica nacional no ha hecho otra cosa que pegar un salto de calidad: “los US$ 50.000 millones del FMI no alcanzan para hacer frente a los compromisos, el programa fiscal del Gobierno no convence a los inversores, el déficit de cuenta corriente persiste, la recesión será más profunda que la proyectada y la investigación por la corrupción en la obra pública durante el Gobierno anterior salpica a actores protagónicos del stablishment nacional[3]”
El “Gloriagate” golpea los cimientos mismos del capitalismo argentino, dividiendo a la clase capitalista y, por lo tanto, brindándole una oportunidad histórica a la clase trabajadora para que desarrolle acciones políticas independientes y revolucionarias. Los de “arriba” están cada vez más en crisis y los de “abajo” cada vez más deseosos de pelear en serio contra un gobierno que incentiva la radicalización de la resistencia profundizando las políticas de ajuste, saqueo y represión.
Desde la izquierda revolucionaria debemos tomar nota de esta situación, de manera de plantarnos en la escena política nacional como una alternativa, levantando un programa que dé respuesta a las demandas insatisfechas de las mayorías, con medidas concretas y efectivas, como el No Pago de la Deuda Externa, la Nacionalización sin pago y bajo control obrero de las grandes empresas monopólicas y los bancos, un Plan de Obras y Servicios que brinde trabajo a los millones que están desocupados, etc.
Para avanzar en ese sentido será necesario incentivar la dinámica abierta el pasado 18 de diciembre de 2017, construyendo desde abajo el Argentinazo que hará falta para echarlos a todos e imponer estas medidas a través del único gobierno dispuesto a llevarlas adelante: el de los trabajadores y el pueblo, asentado en organismos democráticos de discusión, de ejecución y de justicia.
Desde esa ubicación, como revolucionarios y revolucionarias no podemos defender a los corruptos kirchneristas, sino proponer que ellos/as y sus pares de Cambiemos sean juzgados por Tribunales Populares que dictaminen condenas ejemplificadoras, no sólo por haber “metido la mano en la lata”, sino el crimen más importante de todos, que es el de actuar como cipayos, entregando el país a la voracidad de los monopolios imperialistas.
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